La Fiscalía Europea investiga un presunto fraude fiscal de más de 74 millones de euros por compraventa de coches de alta gama que ha supuesto la detención de 50 personas que formaban parte de un entramado que utilizaba sofisticados sistemas para evadir el pago del IVA.

La operación desarrollada por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de Policía Nacional (UDEF) con la Guardia Civil, dirigida por la Fiscalía Europea, se desarrolló con registros en Madrid, Badajoz, Vizcaya, Navarra, Granada, Cáceres, Almería, Teruel, Toledo y Cantabria.

La trama criminal investigada se dedicaba al fraude en adquisiciones intracomunitarias de vehículos de alta gama, dando lugar a delitos contra la Hacienda Pública, falsedad documental, blanqueo de capitales y organización criminal.

Casi 2.000 vehículos afectados

Los cabecillas de la presunta estafa son un ciudadano residente en Badajoz y otro de Granada que ahora están siendo investigados por las autoridades por el escamoteo de IVA a más de 1.900 vehículos de alta gama a lo largo de los años 2019, 2020 y 2021.

La investigación permanece abierta y las autoridades sospechan que las cifras barajadas inicialmente pueden ser más elevadas, en un mercado de ventas de operadoras alemanas a mercantiles portuguesas que supera los 74 millones de euros.

La trama de fraude de IVA

Los cabecillas de la organización buscaban supuestamente testaferros en Alemania, que adquirían vehículos de alta gama valorados entre 50.000 y 200.000 euros. Tras su adquisición se simulaba la venta a terceras personas en Portugal para acabar los coches en concesionarios españoles.

Este movimiento de ingeniería fiscal corrupta es lo que se denomina "fraude carrusel de IVA" soportando el IVA repercutido y adquiriendo el derecho de deducción del IVA soportado, es decir, solicitando la devolución de este impuesto a la Agencia Tributaria.

La operación policial investiga también los concesionarios que finalmente vendían los vehículos, de quienes las autoridades tienen dudas sobre su conocimiento real de la trama existente, aduciendo estos su desconocimiento sobre el paso documental de los coches por Portugal.

Proceso penal

La instrucción se encuentra en la fase de declaraciones de los investigados. Uno de los presuntos cabecillas, defendido por el despacho penalista Ospina Abogados, niega los delitos que se le imputan y asegura que siempre se ha ajustado "a los requisitos legales para comprar y vender estos vehículos, con sus debidas facturas y pago de impuestos".

Su abogado, el letrado Juan Gonzalo Ospina, considera que se está "en un momento preliminar de la investigación" y confía completamente en la inocencia de su cliente.