Una delegación de gobiernos, liderada por los representantes de Italia, Polonia y Austria, instan a la Comisión Europea del Úrsula Von der Leyen a encontrar una solución que evite las multas contra las automovilísticas que excedan los objetivos de dióxido de carbono aplicables desde el próximo 1 de enero de 2025. Esta alianza de gobiernos, en la que también están integrados otros cuatro países, Bulgaria, República Checa, Rumanía y Eslovaquia, quiere perfeccionar las políticas públicas para equilibrar los estímulos a la demanda con el apoyo a las inversiones de las empresas.

Peligra la competitividad

"La industria se encuentra ahora en un momento crítico, afrontando desafíos significativos relacionados con la producción, el empleo y la competencia global, que requieren una acción urgente y coordinada a nivel europeo" expresan los siete países en una misiva conjunta remitida a Bruselas. Tambien alegan que las sanciones "limitarían gravemente" la capacidad de la industria para invertir en innovación y desarrollo, lo que a medio plazo "perjudicaría la competitividad" de Europa a escala global.

Desde 2019, el reglamento europeo bautizado como CAFE (Clean Air For Europe) prevé una trayectoria de reducción de las emisiones de dióxido de carbono de los coches vendidos en los diferentes mercados comunitarios que conducirá a la prohibición de facto en 2035 de las nuevas matriculaciones de coches de combustión.

Bruselas ya anunció que en apenas un mes, a partir de enero de 2025, empezará a aplicar esta normativa, que requerirá una reducción de las emisiones del 15% respecto a los niveles previos a 2020, lo cual obliga a vender un coche eléctrico por cada cuatro térmicos. La industria calcula que el montante total de las sanciones que tendrían que terminar pagando los fabricantes que no cumplan con estas cuotas de ventas podría estar entre 10.000 y 16.000 millones de euros.

Escasa demanda de eléctricos

Hace unos días la Asociación Europea de Fabricantes de Automóviles (ACEA), instaba a los países de la UE a dejar de lado sus diferencias y acordar la medida urgente de "reducir los costes de cumplimiento" para los objetivos de emisiones de CO2 en 2025 y reafirmaba el compromiso de la industria automovilística europea de alcanzar la "neutralidad climática de la UE para 2050". 

Al mismo tiempo, se explicaba que "a medida que avanza el reloj" hacia 2025, los fabricantes se enfrentan a "desafíos cada vez mayores" para cumplir los objetivos de reducción de CO2 debido a la escasa demanda de vehículos eléctricos de batería y al deterioro de la situación económica.