Los fabricantes que incumplan la norma CAFE tendrán que afrontar sanciones de hasta 95 euros por cada gramo excedido según la ley, lo que los deja expuestos a las marcas automovilísticas a multas multimillonarias.

Con la nueva normativa en vigor desde el 1 de enero de este años, lla media de emisiones de CO2 tendrá que verse reducida en un 15% en comparación con los niveles de inicio de década. Esta limitación se irá reduciendo aun más hasta alcanzar los 49,5 g/km con la intención de implementar en 2035 la prohibición de las ventas de vehículos de combustión de gasolina y diésel.

Sin tiempo para implementarla

La industria de la automoción sigue comprometida con el objetivo de neutralidad climática de la UE para 2050 y con la transición hacia una movilidad de cero emisiones. A través de la Asociación Europea de Fabricantes de Automóviles (ACEA) se pide tener "claridad sobre el empleo y las inversiones" para evitar daños a la competitividad, añadiendo que “es necesaria una interacción fluida de factores que están dentro y fuera del control directo de los fabricantes".

Las ventas de vehículos eléctricos en Europa están estancadas en torno al 13% de cuota de mercado, o sea un 10% por debajo de lo deberían estar. "Una brecha demasiado grande como para cerrarla a tiempo", alertan.

Las proyecciones sobre el montante total de las sanciones que tendrían que terminar pagando los fabricantes que no cumplan con estas cuotas de ventas podrían llegar hasta los 16.000 millones de euros. La industria europea del corre el riesgo de perder esa cantidad mil millonaria “en capacidad de inversión, ya sea pagando multas, reduciendo la producción, teniendo que asociarse con competidores extranjeros o vendiendo vehículos eléctricos con pérdidas" como consecuencia de la aplicación de la normativa CAFE.

Con los niveles actuales de ventas de vehículos eléctricos, los fabricantes tendrían que renunciar a la producción de 2,5 millones de coches de combustión para cumplir la nueva exigencia de emisiones o enfrentarse a las multas previstas desde el 1 de enero de este año por el Ejecutivo comunitario.